El gobierno ha anunciado con bombos y platillos el inicio del Nuevo Servicio de Protección especializada a la niñez y adolescencia, que daría inicio este primero de octubre. Pero revisemos que pasó este último tiempo.
Tras el escándalo de SENAME que conmovió a todo Chile y que trajo consigo una serie de medidas para cambiar la situación que estaban viviendo miles de niños, niñas y adolescentes en residencias, se creó bajo la Ley 21.302 en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el nuevo Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia (que el actual gobierno ha llamado comunicacionalmente MEJOR NIÑEZ), organismo que viene a reemplazar al antiguo servicio nacido en el año 1980. Este nuevo servicio fue promulgado el 22 de diciembre de 2020, el 5 de enero de 2021 fue publicado y se nombró a su directora implementadora. El nuevo servicio se encuentra en un proceso de implementación en cuatro puntos principales: administrativo, de gestión, legal y programático.
En este gobierno se legisló los cambios a este servicio, pero lamentablemente el poder legislativo no tuvo mucho interés en establecer reglas claras y proponer un cambio a este modelo que venía siendo tremendamente maltratador, y se dejaron muchas decisiones importantes en manos del reglamento – que, de todo corazón, espero no se esté escribiendo con los mismos Organismos Colaboradores que han sido tremendamente cuestionados por verse involucrados en situaciones vulneradoras de derechos humanos-.
En este nuevo servicio, se mantiene un modelo que no ha respondido al deber protector, sin excluir a graves vulneradores. Un sistema de licitaciones que beneficia a los que ya están instalados y controlan la oferta, pocos y grandes operadores que no pueden ser sancionados por su relevancia y que impide que haya nuevos y mejores actores. Que no son evaluados por Resultados sino por cobertura, con incentivos perversos que promueven la institucionalización vulnerando el derecho a vivir en familia.
La protección efectiva y especializada en nuestro país sigue estando en crisis, y se hace evidente cuando como sociedad no nos hacemos cargo de las dos etapas de la vida, en que los sujetos requieren mayor apoyo de sus congéneres para vivir con plenitud, dignidad y respeto por sus derechos. Desde la perspectiva adultocéntrica imperante, profundamente mercantil y deshumanizadora, tanto los adultos mayores, como la infancia, los que no son productivos, los que no votan, y no marchan, se encuentran en total desprotección, a la deriva, como si fueran un lastre para la sociedad.
Cuando vemos a los Organismos Colaboradores (fundaciones y corporaciones que presentan servicios al Estado) explicando porque existen tantas vulneraciones, sus respuestas son “que faltan recursos”.
Efectivamente había una falta de recursos, pero esa situación ya fue resuelta. El año 2019 se inyectó 10 mil millones de pesos. Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo por inyectar más subvenciones mensuales por cada niño y niña. Si revisamos la subvención mensual por niño el año 2016 esta fue de $472.475 pesos, el año 2018 fue de $587.859 y el año 2020 fue de $937.081, llegando incluso a $1.531.691 pesos mensuales por cada niño/niña. Los montos señalados anteriormente se encuentran asociados a los siguientes factores: subvención inicial, programas adosados, bonos adicionales y proyectos de emergencia. Como se puede observar, los continuos aumentos de recursos no han movido un ápice el peor de todos los indicadores del sistema, la muerte de alrededor de 120 personas sujetos de protección estatal al año, de las cuales a lo menos la mitad corresponde a muertes violentas, accidentales o negligentes.
En este modelo no hay igualdad de oportunidades desde el principio, se nace pobre, para morir pobre, salvo las honrosas excepciones, que solo vienen a confirmar la regla. Mayores recursos y subvenciones no aseguran el resguardo de derechos, el financiamiento podrá aumentar con muchos ceros, pero si no se pone el foco en los Derechos de los niños y niñas en sus necesidades, sueños y esperanzas, seguiremos perpetuando un modelo orientado al lucro inmoral e inhumano. Con más subvenciones, tendremos más negocios con la infancia que necesita y exige apoyo y compromiso, tendremos también más sufrimiento, pobreza y miseria.
Esta tragedia que incubamos por muchos años, las infancias y la vejez a la deriva, con sistemas de protección que buscan utilidades y no derechos, no puede dejar a nadie indiferente, insensible.
Se requiere una oferta responsable, con incentivos correctos y fiscalización efectiva, diversa y desconcentrada, sin conflictos de interés y que garantice equipos estables y capacitados. De nada sirve que cada cierto tiempo se hable del escándalo de SENAME en la crónica policial si no se viene a resolver lo medular y sustantivo.
A esperar entonces, que los candidatos Presidenciales ofrezcan en sus programas de gobierno mejoras sustantivas a este servicio, que ya fue mal logrado en el actual, y mucho ojo nosotros los votantes en los espacios de debates y de propuestas.
Nathalie Oyarce E.
Activista por los derechos de la niñez